González se reunió con un magnate árabe para privatizar la sanidad de Egipto José María Olmo / Beatriz Parera / David Fernández Las conversaciones telefónicas que mantuvo el expresidente madrileño reflejan que, para conseguir que el proyecto saliera adelante, pretendía que fuera financiado con fondos de cooperación internacional del Gobierno de España, aunque los beneficios que obtuviera irían a parar a su bolsillo

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Autor

José María Olmo

Ignacio González y Hisham El Sheriff. (EC)

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30.04.2017 – 05:00 H.

Ignacio González se lanzó en plancha al mundo de los negocios tras dejar la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el resto de sus cargos políticos en junio de 2015. Los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables de las pesquisas de la operación Lezo, detectaron que el exdirigente del Partido Popular maniobró hasta para intermediar en el proceso de privatización de la sanidad pública de Egipto, según recoge el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial. Para que esa operación saliera adelante, González pretendía usar dinero de la cooperación española.

Imágenes del seguimiento de la Guardia Civil a Ignacio González durante la reunión que mantuvo con el magnate egipcio Hisham El Sheriff el pasado 5 de octubre en el Hotel Hesperia de Madrid.

[El Confidencial reproduce estas imágenes -de escasa calidad- por su valor informativo]

La información sobre este movimiento sale de una llamada que González mantuvo el 22 de julio de 2016 con su jefe de gabinete cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Diego Lozano, diputado del PP en la Asamblea regional hasta enero de ese mismo año. González le confiesa a su colaborador que tiene “una idea de un proyecto de consultoría” para intermediar en la implementación “de un sistema de externalización privada de la sanidad pública en Egipto”, un proceso en el que el presunto cabecilla de la trama Lezo atesoraba una amplia experiencia política. Durante su etapa como vicepresidente de la Comunidad (2003-2012), el Ejecutivo de Esperanza Aguirre puso en marcha un plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó esas aspiraciones de forma definitiva en 2014.

González intentó dos años después exportar ese mismo modelo a Oriente Medio. En 2015, el presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, puso un marcha un programa de venta de activos públicos sanitarios. En un país con 128 millones de habitantes, tres veces los de España, ese proceso ya estaba moviendo decenas de millones de euros.

Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, visita el Gregorio Marañón. (EFE)

En la conversación intervenida por orden judicial, González detalla que su contacto para entrar en ese mercado es un individuo al que se refiere con el alias de 'El Moro'. La UCO descubrió posteriormente que 'El Moro' al que se refería González no era otro que el magnate egipcio Hisham El Sheriff, director general del fondo árabe Nile Capital-Emirates, experto en nuevas tecnologías y sociedad de la información e invitado en los últimos años a varios foros económicos celebrados en España. Según recoge el sumario, el exsecretario general del PP madrileño llegó incluso a reunirse con El Sheriff para abordar esa oportunidad de negocio. El encuentro se produjo el pasado 5 de octubre en el Hotel Hesperia de Madrid y fue vigilado y fotografiado por agentes de paisano de la Guardia Civil. En esta noticia se reproducen dos imágenes de ese encuentro.

De las conversaciones telefónicas que mantuvo González sobre este negocio también se desprende que, para conseguir que el proyecto saliera adelante, pretendía paradójicamente que estuviera financiado por fondos públicos del capítulo de cooperación internacional del Gobierno de España. Los beneficios que obtuviera irían a su bolsillo pero los fondos iniciales saldrían de los presupuestos. En una de las llamadas, González apunta que Jaime García-Legaz podría ayudarles a conseguir ese dinero. En ese momento, García-Legaz ocupaba en funciones la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía.

Precisamente por esa situación de provisionalidad, el expresidente de la Comunidad de Madrid reconoce en la conversación telefónica que quizá no era buena idea intentar esa gestión. “No es el mejor momento para hablar con él”, asegura González, antes de confesarle a su jefe de gabinete otro temor. “Cuidado” con Jaime García-Legaz, porque este podría intentar 'apropiarse' de su pelotazo.

El sumario recoge que, tras la interceptación de esas conversaciones, no se ha podido acreditar en qué fase se encontraban las gestiones de González para participar en ese proyecto. Los documentos intervenidos en el despacho que había abierto el exdirigente del PP en el número 89 de la calle de Alcalá de Madrid pueden proporcionar nuevas pistas a la Guardia Civil sobre estos movimientos y otros negocios similares. En algunas de estas inversiones, González y el ministro de Trabajo Eduardo Zaplana pretendían utilizar como testaferro a un abogado uruguayo, Fernando Belhot, para evitar que fueran descubiertos sus nombres.